ANTECEDENTES
HISTÓRICOS DE LA CRISTIADA
Por Jorge Pérez Uribe
Introducción
No se puede entender
apropiadamente ese movimiento social popular bautizado correctamente como la
“Cristiada”, partiendo únicamente de la actitud de un presidente admirador de
Mussolini, que con la “Ley Calles”, impuso una situación insoportable para los
católicos, a los que no quedo otro remedio que tomar las armas; ya que en el
siglo XIX, habían ocurrido hechos similares, que por su lejanía y por deseo
expreso de los “gobiernos revolucionarios” han quedado sepultados entre el
culto juarista, la intervención francesa y el ascenso de Porfirio Díaz al
poder.
En este trabajo rescato del
olvido histórico términos, tales como son “los religioneros” y “la pax
porfiriana”.
La
Cristiada,
como se verá posteriormente fue el desenlace dramático de cien años de
enfrentamientos, ente dos fuerzas políticas, pero también espirituales, en
donde irrumpe el levantamiento espontáneo de un pueblo vigoroso para defender
su libertad de creencias.
Los actores
seculares:
I.-
La Iglesia Católica
Cuando Jesucristo funda su
Iglesia, no entrega un manual de operación a sus discípulos, sino que deja a la
razón humana y al libre albedrío, auxiliados por el Espíritu Santo, la forma en
que se ha de organizar a sí misma, la Iglesia; así como la relación que ha de
establecer con el poder temporal. Esto conlleva un lento, arduo y a veces
ríspido aprendizaje, en el que a través del acierto-error,
la Iglesia va
descubriendo como se ha de relacionar con el imperio, con la monarquía y
posteriormente con la república. Esta situación no es privativa de la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Ortodoxa, al
desprenderse de la Católica,
también la experimenta fuertemente. No sucede así, por ejemplo con la Iglesia Anglicana,
que se desprende uncida al rey y así continua hasta la fecha.
La Iglesia Católica nace bajo la persecución del
monarca judío y del césar romano, pero al convertirse el emperador Constantino,
experimenta lo que es ser una religión de estado. En occidente esta situación
tendrá sus altas y bajas, según el emperador en turno sea creyente o no. Al
caer el imperio Romano de occidente, el poder del estado se fragmenta en
múltiples reinos bárbaros. La Iglesia Católica se convierte entonces en
preservadora de la cultura greco-romana y a su labor evangelizadora agrega la
de civilizadora de los pueblos bárbaros.
El resultado de esta labor de
cerca de diez siglos es una civilización cristiana que recupera los ideales y
pensamiento de la Grecia
clásica y de la Roma,
republicana e imperial.
El fortalecimiento de los
reyes y de los emperadores llevó a varias experiencias, incluso en algún
momento el Papa tuvo los atributos de un rey, con un ejército a sus órdenes,
más para su defensa que para conquista de nuevos territorios. Por otra parte se
dan situaciones históricas como es la entrega de territorios por parte de
Carlomagno, que posteriormente se llamarán estados pontificios, y que la Iglesia en un momento
defenderá como parte de su patrimonio.
Sin embargo poco a poco se fue
definiendo, -cada vez con mayor claridad-, que el poder de la Iglesia no era el
temporal, sino el espiritual y el moral. Abandonar el poder temporal lleva
sobre todo al Papa a ser presa fácil de la ambición de los monarcas, como
sucedió con Napoleón que secuestra a Pío VII.
Sin duda fue un camino difícil, de graves errores, de
doloroso aprendizaje, pero en el cuál la Iglesia ha ido encontrando su lugar dentro de la
realidad temporal de las relaciones con los estados, y aunque el estribillo se
lo hayan apropiado los liberales, lo que siempre ha buscado la Iglesia es la separación
entre la Iglesia
y el Estado, pero dentro de una relación respetuosa y cordial.
II.-
El Estado masónico-liberal y el gobierno de los EE.
UU.
La masonería fue formalmente introducida
en Nueva España por las tropas expedicionarias peninsulares, que arriban a raíz
del movimiento insurgente. Aparece hacia 1813, el primer grupo masón conocido
como “partido escocés”, en la
Ciudad de México. Si bien en un principio sus iniciados eran
todos oficiales peninsulares, a lo largo de los años comenzaron a adherirse los
novohispanos, que hacía 1819 ya eran numerosos.
Fueron los masones de la
Gran Logia Mexicana, organismo principal de
la masonería escocesa, reforzada por los diputados mexicanos que habían participado
en las Cortes españolas de Cádiz y que para entonces volvieron, entre ellos:
Santa María, Mariano Michelena, Ramos Arizpe, Iturrubaría, y Mayorga, quienes coordinados
por el agente confidencial de los Estados Unidos en México, Joel R. Poinsett, hicieron
fracasar el naciente Imperio Mexicano. Poinsett definía así su misión: “si
lograba el cambio de límites propuestos por el gobierno angloamericano se
reconocería a Iturbide para que firmase el tratado respectivo; si no lo lograba
había que derrocar al Emperador”.
Con la finalidad de llevar a
cabo su misión plenamente, Poinsett funda la masonería del Rito de York, para
lo cuál cuenta con innumerables recursos y la colaboración de Lorenzo de
Zavala, José Ignacio Esteva, José María Alpuche y Vicente Guerrero. Su
crecimiento fue exponencial y en poco tiempo contó con 130 Logias repartidas en
la República. Esta
masonería estaba totalmente supeditada a las logias de Estados Unidos
(Charleston y New Oleans) y se imposo finalmente al Rito Escocés, tanto militarmente
como en adeptos.
Después del Tratado de
Guadalupe-Hidalgo y del Tratado de la
Mesilla, por los que México perdía más de la mitad
de su territorio, el embajador John Forsyth comunicaba a
William L. Marcy, -Secretario del Departamento de Estado de EE. UU.-, el 8 de noviembre de 1856: “…aunque la regeneración del país pide la
restricción si no el aniquilamiento del poder moral, político y monetario de la Iglesia, tal reforma
necesita emprenderse por grados y con cautela…hasta que el nuevo gobierno esté
firmemente establecido en el poder. […] El nuevo partido razona más o menos
así: la regeneración de la nación
mexicana y la estabilidad de su gobierno, sólo pueden lograrse controlando los
elementos que estorban la primera y hostilizan la segunda: esto es la Iglesia y el Ejército.
Para controlar a ambos es preciso ser amo absoluto de ellos. En cuánto a la Iglesia, es imposible; en
cuánto al Ejército es practicable”.
Desde las
logias masónicas se daban las instrucciones a los liberales, teniendo presente
desde luego la sujeción que había ejercido la monarquía española a través del
“Patronato” hacia la Iglesia Católica.
Pero ya no se trataba de sojuzgarla, ahora se trataba de eliminarla. Los pasos
a seguir eran la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Constitución de 1857. La puntilla la darían las
Leyes de Reforma de 1859
A fines de
1855 se aprobó la Ley Juárez –llamada así por haber sido Benito Pablo
Juárez García su autor-, la cuál establecía que los asunto civiles pasarían a
jueces ordinarios en lugar de hacerlo a tribunales eclesiásticos y militares.
Interfiriendo en la vida de la
Iglesia, atentaba contra el Derecho Canónico al decretar que
el fuero eclesiástico –conjunto de leyes y tribunales de la Iglesia- en los delitos
comunes cometidos por clérigos y religiosos, era renunciable.
Cómo el
Supremo Tribunal de Justicia protestó porque ésta ley no se discutió
públicamente, fue disuelto.
La Ley Juárez provocó
alzamientos aislados en la sierra de Puebla y en la sierra Gorda, que no tenían
que ver con los conservadores.
Se inició una
persecución contra civiles y militares conservadores, tal fue el caso de el
destierro de Antonio Haro y Tamariz, el encarcelamiento de los generales Rómulo
Díaz de la Vega,
y Blancarte, del escritor Ignacio Aguilar y Machado, etc.
El congreso
aprobó otras dos medidas antieclesiásticas como fueron la supresión de la Compañía de Jesús y la
prohibición de los votos religiosos.
El 25 de junio
de 1856 se promulgó la Ley de
Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles
y Religiosas ó Ley Lerdo
–por haber sido preparada por Miguel Lerdo de Tejada-. Aunque también se le
conoció como Ley de Desamortización de Bienes de Manos
Muertas, la realidad era que, comprendía a propiedades
arrendadas, tierras comunales indígenas, colegios, hospitales, orfanatos, casas
de cuna, asilos, etc. La consecuencia de esta ley fue la desaparición de los
servicios asistenciales que prestaba la Iglesia y la creación de latifundios al
despojarse a las poblaciones indígenas de las tierras que la Corona española había
respetado.
Todas estas
disposiciones fueron acogidas en la Constitución del 5 de febrero de 1857, que establecía en
su artículo 3° el impedimento de la
Iglesia a la educación, bajo el precepto de “libertad de enseñanza”.
En el 5° desautorizaba los votos religiosos, condenando tácitamente la
existencia de órdenes religiosas. Prohibió en su artículo 13° el fuero
eclesiástico; y el militar quedo reducido a faltas contra la disciplina
militar. El artículo 27° negó a las corporaciones civiles y eclesiásticas la
capacidad de poseer bienes raíces, con la única excepción de los templos. El
artículo 123 daba a los poderes federales la posibilidad de intervenir en
materia de culto y disciplina externa, con lo que la Iglesia quedaba supeditada
al gobierno.
Los primeros en desconocer la Constitución fueron los liberales moderados como
el presidente Ignacio Comonfort, Manuel Payno, Juan José Baz, el general Félix
Zuloaga, quienes mediante el Plan de Tacubaya
pedían se estableciera un Congreso cuya misión sería “la de redactar una
Constitución” que estuviese “en armonía con la voluntad de la nación,
protegiendo los verdaderos intereses del pueblo”.
El acoso a los
militares conservadores y a la iglesia fue lo que llevó a que se levantaran en
armas generales como Luís G. Osollo y Miguel Miramón que tomaron la capital,
ante lo cuál el titubeante Comonfort (que luego habría de desconocer el plan de
Tacubaya), dop tiempo a que Benito Juárez –que en todo momento estuvo al tanto
de las decisiones de Comonfort-, fuera nombrado presidente de la Suprema Corte de
Justicia. Los representantes de 27 estados nombraron presidente interino al
general Félix Zuloaga. Benito Juárez
entonces presidente de la
Suprema Corte de Justicia huyó a Querétaro reclamando para sí
la Presidencia,
luego marchó a Guanajuato y a Guadalajara.
La Guerra de
Reforma o Guerra de los Tres años, no fue sólo
una guerra civil entre dos presidentes –Zuloaga y Juárez- motivada por la
promulgación y posterior desconocimiento de una Constitución, mucho menos fue
un conflicto alentado por el “alto clero”, fue resultado del atentado contra
las creencias del pueblo eminentemente religioso. La influencia que si se
advierte es la de Estados Unidos que a través del embajador
Forsyth ofrece a Zuloaga el 22 de marzo de 1858, 25 millones de pesos por Baja
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo león y Tamaulipas, ofrecimiento
que es rechazado y lleva a EE. UU., al rompimiento de relaciones con Zuloaga.
En el terreno militar la ayuda económica y en armamento de última generación
como los rifles de precisión Misissippi y Sharp ayudan a ganar batallas a los
liberales. También se dan intervenciones directas de norteamericanos como el
batallón de rifleros comandado por Joe Chesman que combate con Santos Degollado
en Guadalajara, 5 cadáveres de norteamericanos y el del capitán Green son
encontrados entre los muertos de la batalla de Tacubaya, y las más ostensible
es cuando el general Miramón sitia a Veracruz –donde se encontraba Juárez a su regreso
de New Orleáns-, por tierra y mar; cuando repentinamente tres barcos de la
marina estadounidense atacan a los 2 barcos mexicanos, capturándolos y
conduciéndolos a New Orleans.
Es
en esta época cuando se celebra el Tratado
MacLane-Ocampo que concedía a EE. UU. el derecho de tránsito a
perpetuidad por tres vías: una en el Istmo de Tehuantepec, otra de El Paso,
Texas a Guaymas y otra de algún punto del Río Grande o Nogales a Mazatlán, más
el permiso al gobierno estadounidense para proteger esas vías con soldados
yanquis. Los derechos aduanales en dichas vías serían al arbitrio de EE. UU.,
es decir, México quedaba reducido a colonia de Estados Unidos.
Si bien el protocolo original
contenía la cesión de Baja California a cambio de una indemnización, el texto
definitivo denota un cambio en la política norteamericana que se refleja ya en
la comentada misiva del 8 de noviembre de 1856 del embajador John Forsyth a
William L. Marcy, cuando afirmaba “… ¿no
podríamos nosotros gozar de todos los frutos de una anexión, sin sus
responsabilidades y sus daños? ¿no podríamos nosotros asegurar para nuestros
compatriotas el usufructo de los ricos recursos del territorio mexicano, sin el
peligro de introducir en nuestro sistema social y político a las ignorantes
masas del pueblo mexicano?”. La
geopolítica operó a nuestro favor en este caso, ya que las diferencias entre
los estados de norte y del sur en Estados Unidos que se iban incrementando,
hicieron que no fueran apoyadas las pretensiones de anexar más territorio
mexicano, de una nueva invasión, ni la de aprobar el Tratado
MacLane-Ocampo declarado como
“infame” por senadores norteños. Otra situación que operó a nuestro favor fue
que el 6 de noviembre de 1860 es elegido presidente de los Estados Unidos
Abraham Lincoln, candidato de naciente Partido Republicano, cuya posición
antiesclavista era conocida.
Las Leyes de Reforma
Expedidas
a partir del 12 de julio de 1859 en Veracruz, eran desde su principio,
anticonstitucionales y sin validez legal, dado que no fueron sancionadas por el
Congreso. El manifiesto que las había precedido acusaba al clero de haber
promovido y sostenido la guerra, a resultas de los cuál se expedían tales
leyes. Era pues “el aniquilamiento del poder moral, político y
monetario de la Iglesia”
del que hablaba John Forsyth, en 1856.
Resumiendo
estas leyes disponían:
v La
confiscación por el gobierno de todos los bienes muebles e inmuebles
pertenecientes a la Iglesia.
v La
supresión de todas las órdenes religiosas de varones, las órdenes de religiosas
subsistirían hasta su extinción natural, puesto que se suprimían los noviciados
y los votos religiosos.
v Establecimiento
del matrimonio civil en lugar del eclesiástico.
v Establecimiento
del registro civil, cuya función venía ejerciendo la Iglesia
v Secularización
(estatización) de los cementerios, que anteriormente administraba la Iglesia.
v Supresión
de fiestas religiosas, con prohibición a los funcionarios de gobierno para
asistir en cuanto tales, a ceremonias religiosas.
v Implantación
de la libertad de cultos (con excepción del católico, que quedaba sojuzgado al
gobierno)
Simultáneamente
el gobierno de Juárez, a través de Melchor Ocampo dio su apoyo en octubre de 1859, a una iglesia
cismática, la “Iglesia Mexicana”, y apoyo la
importación de ministros de Iglesias protestantes.
Finalmente
el gobierno liberal de Juárez se establece en la capital del 25 de diciembre de
1860, aunque los jefes conservadores continúan al frente de grupos
guerrilleros.
Se
agregaron nuevas leyes reformistas a las ya existentes consistentes en:
v Secularización
(estatización) de hospitales y establecimientos de beneficencia.
v Supresión
de los cabildos eclesiásticos.
v Supresión
de las comunidades religiosas, con excepción de las Hermanas de la Caridad.
Se
persiguió a los obispos y católicos opuestos a la reforma y a los liberales que
se oponían al Tratado MacLane-Ocampo.
La
confiscación de los bienes de la
Iglesia que fue a parar a manos de “eminentes liberales” no
ayudo en nada al país, en tanto que las Leyes de Reforma si le crearon nuevas
obligaciones burocráticas y económicas al gobierno como eran la administración
de los servicios de registro civil y sobre todo de los servicios de educación,
asistencia social y beneficencia pública que anteriormente proporcionaba la Iglesia y que sufragaba
con los <<bienes de manos muertas>>.
Ante
la quiebra de la economía juarista, la masonería estadounidense, previendo una
posible intervención de Europa por la deuda acumulada, propuso a Juárez a
través del embajador Tomas Corwin, un préstamo de once millones de pesos para
que se pudiera pagar a los tenedores extranjeros de bonos mexicanos; obviamente
el ofrecimiento llevaba una segunda intención: se garantizaría hipotecando a
favor de los EE. UU., los terrenos públicos no vendidos y los bienes
expropiados al clero. Si bien el presidente Lincoln estuvo de acuerdo al
principio, finalmente ni él ni la mayoría del Senado quisieron ratificar el
ahora Tratado Corwin-Doblado.
La consecuencia del desastre
financiero del gobierno liberal fue la suspensión de pagos de la deuda externa,
decretada el 17 de julio de 1861 y la consecuente intervención francesa.
Los “religioneros” 1874-1876
A la
muerte de Juárez, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada continúa con el plan
gradualista de la masonería y del gobierno norteamericano elevando a rango constitucional las Leyes de
Reforma, el 23 de septiembre de 1873; procediéndose en consecuencia a una nueva
expulsión de los jesuitas y de las Hermanas de la Caridad, a las que Juárez
había respetado, así mismo se expulsó a todo sacerdote extranjero, se prohibió cualquier
manifestación religiosa afuera de los templos, y sobre todo se favoreció
oficialmente la difusión del protestantismo, con el apoyo norteamericano.
La obligación
de jurar la Constitución provocó motines en toda la República. Se produjeron motines urbanos en Morelia, Zinacatepec, Dolores Hidalgo,
León y otros lugares. Hubo levantamientos armados en Jonacatepec, Temascaltepec
y Tejupilco. El 9 de enero de 1874, Ignacio Ochoa y Eulogio Cárdenas (abuelo de
Lázaro Cárdenas) tomaron Sahuayo. La insurrección prendió en los estados de
Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y México, Hidalgo y Guerrero. No eran
conservadores, ni gavilleros, eran campesinos que se levantan en defensa de su
fe.
Siguiendo los pasos de Juárez, Sebastián
Lerdo de Tejada quiso perpetuarse en la presidencia, que había heredado
como presidente de la
Suprema Corte de Justicia a la muerte de Juárez, y que en
fraudulentas elecciones había ganado en 1872 y 1876; ante lo cual el
general José de la Cruz
Porfirio Díaz Mori se sumó al Plan de
Tuxtepec, que desconocía a Lerdo de Tejada. La victoria
militar de los insurrectos hizo que Lerdo se refugiará en Estados Unidos.
La “pax” porfiriana
<<Dio a conocer el Caudillo de Tuxtepec que era
estadista cuando, conservando el principio de separación de la Iglesia y el Estado, se
propuso acabar con la tarea de destrucción de la Iglesia por el Estado.
Estableció relaciones personales con los miembros del alto clero, atendió a sus
recomendaciones para emplear católicos, prohibió persecuciones y toleró la
existencia de conventículos...>>. Al no tener
ya razón de ser el movimiento religionero desaparece.
Porfirio Díaz
dotado de una notable inteligencia política y consciente de la amenaza
expansionista norteamericana, quiso gobernar por encima de facciones, buscando
la unidad. Así conservó los principios del liberalismo, evitando la aplicación
radical de los mismos y concedió libertad y derechos a los católicos dentro de
ciertos límites.
Balance masónico-liberal
En tan solo 55
años las logias masónicas de Charleston y Nueva Orleáns fieles
instrumentos del <<destino manifiesto>>,
habían destrozado el proyecto del Imperio Mexicano de Agustín Iturbide y de la Gran Colombia de
Simón Bolívar, reduciendo Centroamérica a un conjunto de “repúblicas
bananeras”. México fue despojado de más de la mitad de su territorio, Guatemala
de Belice y Panamá se convertiría en “protectorado” de Estados Unidos.
La
población española había sido expulsada y su herencia e influencia cultural,
combatidas, reivindicándose un indigenismo, que ni el mismo Benito Juárez
protegió.
El
despojo de las tierras de las comunidades indígenas –mediante las Leyes de Reforma- ocasionó que de 1854 a 1876 las haciendas
disminuyeran de 6,092 a
5,700 y los ranchos grandes de 15,085
a 13,800 y que mientras en la primera mitad del siglo en
los campos llegaba a faltar “gente para todas las operaciones de la
agricultura” según comentaba el historiador Lucas Alamán, para esta época se
iba incrementando el número de despojados que se unían a las haciendas en
calidad de siervos.
El
Ejército había sido minado con la intromisión de las logias masónicas y ya la
oficialidad ostentaba además del grado militar un grado masónico, requisito
indispensable para los ascensos.
La Iglesia
cuya única opción era la desaparición, había sido despojada de todos sus bienes
materiales y derechos civiles necesarios para efectuar su misión terrenal.
Confinada a los templos, debería extinguirse inexorablemente con la muerte de
los actuales sacerdotes y religiosos, puesto que ya no podía haber más
profesión de votos por mandato constitucional. En su lugar se promovía el culto
protestante con pastores importados de Norteamérica
La
educación si ya desde antes de la Independencia se reconocía obligatoria y gratuita,
ahora era además (anticatólica) bajo el rótulo de “laica”.
La masonería sustituyó el
culto católico por un nuevo culto laico, en donde el decálogo era sustituido
por la constitución -que los funcionarios públicos debían de jurar-, los dogmas
religiosos fueron sustituidos por los dogmas liberales: el racionalismo, el
evolucionismo, el positivismo. Los sacramentos fueron sustituidos por “el
registro civil”, que ahora consignaba los nacimientos, y defunciones. Los
matrimonios ya no fueron oficiados por un sacerdote, sino por un juez “de paz”
que recitaba la epístola de Melchor Ocampo. Una nueva liturgia laica se fue
desarrollando, presidida por el “gran santo inmaculado” Benito Juárez; a la
cuál se fueron añadiendo otras figuras. Con un riguroso calendario de
festividades civiles, el laicismo, fue sustituyendo las festividades
religiosas, sobreponiendo en algunos casos una sobre otra, verbigracia, la
del 5 de febrero, en la que se sustituye la del primer santo mexicano -Felipe
de Jesús- por la de la Constitución de 1857 y posteriormente por la de la Constitución de 1917.
Colofón
Sabías y
proféticas resultaron la palabras de don Porfirio cuando afirmó: <<No
existen riquezas considerables en manos de la Iglesia, y no hay
alzamiento populares sino cuando el pueblo se siente herido en sus tradiciones
indesarraigables y en su legítima libertad de conciencia. La persecución de la Iglesia, esté implicado el
clero o no, significa la guerra, y una guerra tal que el gobierno no puede
ganarla sino contra su propio pueblo, gracias al apoyo humillante, despótico
costoso y peligroso de los Estados Unidos. Sin su religión, México está perdido
sin remedio. >>
